R. Casación 435/2004 -Sr. Rico Fernández‑
Nº: 435/2004
Ponente Excmo. Sr. D.: Perfecto Andrés Ibáñez Fallo: 04/11/2005
Secretaría de Sala: Sr. Rico Fernández
TRIBUNAL
SUPREMO
Sala de lo Penal
SENTENCIA N°:
1318/2005
Excmos. Sres.:
D. Siro
Francisco García Pérez
D.
Perfecto Andrés Ibáñez
D. Luís-Román Puerta Luís
En
nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la
potestad jurisdiccional que la
Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la
siguiente
SENTENCIA
En la
Villa de Madrid, a diecisiete de Noviembre de dos mil cinco.
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación
interpuesto por Asociación Proyecto Sierra de Baza, Junta de Andalucía; Juan Senés Torres y José María Irurita
Fernández contra la sentencia de la Audiencia Provincial
de Granada, Sección Segunda, de fecha 20 de noviembre de 2003. Han intervenido
el Ministerio Fiscal los recurrentes Asociación Proyecto Sierra de Baza,
representada por el procurador Sr. Granados Bravo, Junta de Andalucía,
representada por el letrado Sr. Oña Parra, Juan Senés Torres, representado por el procurador Sr. Castillo
Sánchez y José María Irurita Fernández representado
por la procuradora Sra. Blanco Fernández y los recurridos Excmo. Ayuntamiento
de Baza, representado por el procurador Sr. Granados Bravo, el Abogado del
Estado en representación del Estado, Alejandro Antonio González Monclús, representado por la procuradora Sra. Jiménez
Torrecillas y Juan Antonio Senés Pérez, representado
por la procuradora Sra. González García. Ha sido ponente el magistrado Perfecto
Andrés Ibáñez.
I.
ANTECEDENTES
1.- El Juzgado de instrucción número 1 de Baza
instruyó procedimiento abreviado número 8/2002, por delitos de prevaricación,
contra el medio ambiente y contra los intereses generales a instancia del
Ministerio Fiscal, del acusador particular Ayuntamiento de Baza y de la actora
popular Asociación Proyecto Sierra de Baza contra los acusados José María Irurita Fernández, Rafael Salcedo Balbuena, Alejandro
González Monclús, Juan Senés
Torres, Juan Antonio Senés Pérez y los responsables
civiles subsidiarios Junta de Andalucía y la mercantil Muebles Senés Torres SL y, abierto el juicio oral, lo remitió a la Audiencia Provincial
de Granada cuya Sección Segunda dictó sentencia en fecha 20 de noviembre de
2003 con los siguientes hechos probados:
1) Mediante escrito de fecha 4 de marzo de 1998 la entidad "Muebles
Senés Torres S.L. ",
de la que eran socios fundadores, entre otros, los acusados D. Juan Antonio Senés Pérez, de 59 años de edad, y D. Juan-Senés Torres, de 28 años, y administrador mancomunado éste
último, solicitó a la
Dirección del Parque Natural de la Sierra de Baza la
adjudicación de los trabajos selvícolas para el
aprovechamiento de las maderas y leñas que se derivasen de ellos, con
eliminación de residuos, en los siguientes parajes del Parque Natural: En la
"Rambla de Valcabra ", sitio "Del
Cerrón "; en la "Cuenca de Uclías ", sitios "Los Frailes
", "Retamar", "Birlaque
Bajo" y "Tesorero "; en el "Arroyo de Moras ", sitios
"Los Olmos" y "Tablas "; en el "Arroyo de Bodurria
", sitios " Bastidas ", "Pinarillo
", "Arredondo ", "Carrasquilla" y "Orrivaldi"; en el "Barranco de la Tejera", sitio "La Tejera"; en el
"Barranco La Fraguara
", sitio "La
Fraguara"; y en el "Arroyo de Don Diego ",
sitio "Casa de Don Diego ". A tales trabajos se asignó por la
solicitante un valor económico de cero pesetas.- 2) Dicha petición fue atendida
por el acusado D. José María Irurita Fernández, de 43
años, en su calidad de Director-Conservador del Parque Natural, mediante
comunicación escrita de fecha 24 de mayo del mismo año, en la que se autorizaba
a "retirar madera muerta o deteriorada... previamente señalada por el
Director del Parque Natural o en su defecto por el Encargado de Comarca ",
en las cuencas y montes indicados, debiendo la parte solicitante soportar todos
los gastos que pudieran surgir como consecuencia de los trabajos autorizados, y
dejar las choperas limpias de residuos.- 3) Aunque para la actividad autorizada
se señaló un plazo de tres meses, la misma se desarrolló entre los meses de
mayo y noviembre de 1.998, periodo en el que, tanto el acusado Sr. Senés Torres como terceros empresarios que contrataron con
él la compra de madera, procedieron a la corta de las choperas existentes en
los parajes "Mata del Moral ", "Los Frailes ", "Los Moralicos ", "Birlaque
Bajo " y "El Tesorero ", en la cuenca del arroyo Uclías, y
"Arredondo ", "La Carrasquilla " y "Casas de Santaolalla ", en la cuenca del arroyo Bodurria, todo
ello bajo el conocimiento y supervisión del acusado Sr. Irurita
Fernández y del personal de guardería a su cargo.- 4) Pese a los términos de la
autorización, la actuación convenida entre los Sres. Irurita
Fernández y Senés Torres consistía prácticamente en
la corta "a hecho" o "matarrasa"
de las alamedas de plantación, que por lo general presentaban signos de
abandono y deterioro -habida cuenta de que no se habían sometido a los
ciclos de corta propios de este arbolado de cultivo, después de que los
distintos parajes fuesen quedando deshabitados en el transcurso de los últimos
decenios-, y en la severa corta de los chopos de ribera, con cierto criterio
selectivo. Se inspiraba esta intervención en la idea de reforestar con
vegetación autóctona las zonas taladas, conforme a las previsiones del proyecto
aprobado de "Restauración de Riberas y Acerales-Quijagales " que comprendía sólo un sector de la
cuenca del arroyo Bodurria, y de otro proyecto denominado "Plan de Lucha
contra la Erosión
y Desertificación, y de Regeneración de la Cubierta Vegetal"
extensivo a las restantes zonas, que
aún no había recibido aprobación, y que, como tal, nunca llegó a aprobarse.
Estos proyectos no contemplaban, sin embargo, la tala de árboles sanos, que
constituyeron un porcentaje importante de todos los que se cortaron.- 5) Las
labores de talado, que causaron un gran impacto paisajístico, se interrumpieron
por causas climáticas en noviembre de 1.998, y fueron formalmente suspendidas
"para evaluar su resultado " por el acusado D. Rafael Salcedo
Balbuena, de 52 años, en su calidad de Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, en el mes de febrero de 1.999, una vez que se hizo pública la
denuncia de los hechos, habiéndose cortado hasta ese momento unos 13.000
árboles, casi en su totalidad álamos de las especies Populus
nigra, Populus alba y Populus canadensis, aunque
también varias docenas de sauces (entre cincuenta y cien unidades, según las
fuentes) y especies arbustivas de ribera. Con posterioridad no volvió a
reanudarse la tala en ninguna de las zonas comprendidas en la autorización.- 6)
En los lugares donde se actuó quedaron despositadas
ingentes cantidades de los residuos propios del astillado de la madera de
desecho, que no fueron debidamente esparcidas por los terrenos adyacentes, sino
que cubrieron en muchos puntos los cauces de los arroyos Uclías y Bodurria,
atestándolos y saturándolos de materia orgánica, favoreciendo con ello el
encharcamiento del agua, especialmente en las épocas de escaso caudal, y la
formación de un medio limoso que transformó por completo las características
originarias de dichos arroyos y favoreció la proliferación de una vegetación
especifica (lentejas de agua, berros) que en algunos puntos cubrió por completo
los cauces, dándoles el aspecto propio de una ciénaga. Además, los propios
cauces fueron utilizados para el tránsito de maquinaria pesada, lo que
contribuyó al notable deterioro de su apariencia externa. Este estado de cosas
fue conocido por el acusado D. Alejandro González Monclús,
de 49 años, Ingeniero Jefe del Servicio de Comisaría de Aguas en Granadas,
dependiente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el cual no
estimó necesario adoptar medidas concretas para paliar o resolver la situación
creada, considerando que no se había perjudicado el dominio público hidráulico,
hasta que el juzgado de Instrucción, mediante oficio de fecha 30 de agosto de
2.001, requirió al citado servicio para que procediera a la limpieza de dichos
cauces, de modo que a partir de ese momento se retiraron de las zonas afectadas
un total de 225 contenedores industriales de residuos, con un costo estimado
para la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 7.500.000
pesetas (45.075,91 euros).- 7) El Juzgado de Instrucción acordó mediante auto
de fecha 9 de abril de 1.999 la intervención de la madera sana talada y aún no
retirada de la Sierra,
resolución de la que fue notificado el acusado Sr. Senés
Torres por conducto del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en
fecha 23 del mismo mes de abril, quedando advertido de que no podía "sacar
madera de la antes mencionada ". La madera cortada y por retirar fue
relacionada en fecha 24 de mayo por el servicio de guardería, calculándosele un
volumen de 142
metros cúbicos. Mas con fecha 24 de junio de 1.999 el acusado
Sr. Senés Torres vendió a la "Serrería Yélamos Sánchez, S.L. " seis
cargamentos de esa madera con un peso total de 77.720 kilogramos,
aunque figuró como emisor de la factura el también acusado Sr. Senés Pérez, dado que su hijo, al parecer, no se hallaba en
posesión de la necesaria licencia fiscal para este tipo de transacciones. Por
lo demás, a lo largo de toda la actuación maderera D. Juan Antonio Senés Pérez actuó auxiliando a su hijo D. Juan Senés Torres en cuanto fue preciso.- 8) La madera extraída
por "Muebles Senés Torres, S.L."
-bien directamente, bien a través de los terceros empresarios a los que se les
vendió- tenía un valor estimado de 28.000.000 pesetas (168.283, 39 euros), en
tanto que el perjuicio ambiental producido ha sido valorado pericialmente en
21.129.630 pesetas (126.991, 63 euros)."
2.- La Audiencia
de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "Condenamos al acusado D.
José María Irurita Fernández, corno autor responsable
de un delito de prevaricación, sin la concurrencia de circunstancias
modificativas, a la pena de siete años de inhabilitación especial para todo
empleo o cargo público que implique la asunción de competencias resolutivas en
la gestión del medio natural, y como autor por omisión impropia (comisión por
omisión) de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente,
igualmente sin circunstancias modificativas a las penas de un año de prisión y
multa de dos meses a razón de una cuota diaria de quince euros.-Asimismo
debemos condenar y condenamos al acusado D. Juan Senés
Torres, como autor directo del citado delito contra los recursos naturales y el
medio ambiente, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a las penas de un año de prisión y multa de doce meses a razón de una
cuota diaria de quince euros, y como autor de un delito de desobediencia a la
autoridad judicial, igualmente sin circunstancias modificativas, a la pena de
seis meses de prisión.- Las penas de prisión llevarán aparejadas como
accesorias, en el caso de D. José María Irurita
Fernández, la inhabilitación especial para empleo o cargo público, en los
términos anteriormente expresados, y, en el caso de D. Juan Senés
Torres, la inhabilitación especial para el oficio maderero sobre
aprovechamientos forestales, durante el tiempo de cumplimiento efectivo de las
condenas.- Las penas de multa se satisfarán por meses vencidos, y su impago
generaría una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas que se dejaren impagadas.- Absolvemos a dichos
acusados de los demás delitos que las acusaciones les imputaban, como
absolvemos a D. Rafael Salcedo Balbuena, D. Alejandro González Monclús y D. Juan Antonio Senés
Pérez de todos los delitos de que venían acusados.- En el ámbito de la
responsabilidad civil, imponemos a D. José María Irurita
Fernández y D. Juan Senés Torres conjunta y
solidariamente el abono del costo de la restauración de las zonas afectadas por
su acción delictiva, la cual restauración deberá ser asumida de manera
inmediata por la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a cuyo efecto la condenamos
en su calidad de responsable civil subsidiaria, con arreglo a lo indicado en el
fundamento decimoquinto.- Los Sres. Irurita Fernández
y Senés Torres indemnizarán además, conjunta y
solidariamente, a la Confederación Hidrográfica del - Guadalquivir en
la cantidad de cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros con noventa y un
céntimos (45.075, 91 euros) por los gastos de limpieza asumidos por dicho
organismo, con el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
desde la fecha de esta sentencia, firme que sea.- De la responsabilidad civil
impuesta a D. Juan Senés Torres responderá subsidiariamente
la mercantil "Muebles Senés Torres, S.L." a cuyo efecto la condenamos igualmente.-
Imponemos a los Sres. Irurita Fernández y Senés Torres el pago de las costas del proceso a razón de
2/15 partes cada uno, sin incluir las causadas por las acusaciones popular y
particular, y declaramos de oficio las restantes costas." A continuación la Audiencia Provincial
dictó auto de aclaración de fecha 28 de noviembre de 2003 con el siguiente
fallo: "Resuelve la sala subsanar el error material de que adolece la sentencia
dictada en la presente causa (sentencia n° 600/2003,
de veinte de noviembre), de modo que la referencia que el fallo de la misma
efectúa al fundamento decimoquinto de la propia sentencia, se entienda hecha al
fundamento decimosexto."
3.-
Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por la
asociación Proyecto Sierra de Baza, Junta de Andalucía, Antonio Senés Torres, José María Irurita
Fernández que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del
Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y
resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
4.- La representación de la recurrente Asociación Proyecto Sierra de
Baza basa su recurso de casación en los siguientes motivos: A) Motivos del
recurso que afectan al imputado José María Irurita
Fernández. Primero: Al amparo del artículo 849.1 ° de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, por considerar que se han infringido normas del ordenamiento jurídico
y la jurisprudencia, denunciándose falta de aplicación del artículo 325 del
Código Penal, en el tipo agravado del artículo 338 del mismo texto legal y,
alternativamente, infracción por falta de aplicación del artículo 331 del Código
Penal en el mismo tipo agravado del artículo 338 del Código Penal.- Segundo.
Infracción de ley del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, al considerar que se han infringido normas del ordenamiento jurídico
y de la jurisprudencia denunciándose la inaplicación de la circunstancia
agravante del número 7 del artículo 22 del Código Penal, en el imputado D. José
María Irurita Fernández, en relación con el delito
contra los recursos naturales y el medio ambiente de los artículos 325 y 330
del Código Penal.- B) Motivos del recurso que afectan al imputado Don Juan Senés Torres: Tercero. Al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
por inaplicación del artículo 325 del Código Penal en el tipo agravado del
artículo 338 del mismo texto.- C) Motivos del recurso que afectan al imputado
Don Juan Antonio Senés Pérez: Cuarto. Al amparo del
artículo 849.1° de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal por considerar que en el fundamento octavo de la
sentencia recurrida se aplica indebidamente la doctrina constitucional relativa
a un proceso con todas las garantías y a la defensa, con interdicción de toda
indefensión.- C) Motivos del recurso que afectan al imputado Don Rafael Salcedo
Balbuena: Quinto. Al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, por vulneración de los artículos 325, en relación con el artículo
331, en el tipo agravado del artículo 338 del Código Penal, cometido por
imprudencia grave y por omisión equiparable a la acción ex artículo 11 del
mismo texto.- D) Motivos del recurso que afectan al imputado Don Alejandro
González Monclús: Quinto. Infracción de ley del
artículo 849.1° de la ley de Enjuiciamiento Criminal; por inaplicación del
artículo 325, en relación con el artículo 331 y 338 del Código Penal y
subsidiariamente infracción del artículo 329 del Código Penal. E) Motivos del
recurso que afectan a todos los imputados: Sexto. Infracción de ley del
artículo 849.1° de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, al considerar que se ha infringido el artículo 110
del Código Penal y 45.3 de la Constitución Española.-Séptimo.
Infracción de ley del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción
del artículo 123 del Código Penal.‑
5.-
La representación
de la recurrente Junta de Andalucía basa su recurso de casación en los
siguientes motivos: Primero. Al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, por infracción del artículo 784.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, en relación con el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.-
Segundo. Al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por incorrecta
aplicación de los artículos 109, 110.2° y 121, por la indebida del 339 y la no
aplicación de los artículos 112 y 116, todos ellos del Código Penal, y la
inaplicación del artículo 706.2 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.- Tercero. Al amparo del artículo
849, en sus puntos 1 y 2 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación de los artículos 109, 121 y
404 del Código Penal, derivada de error en la apreciación de la prueba
documental que consta en autos.- Cuarto. Al amparo del artículo 849.1 y 2 de la
ley de Enjuiciamiento Criminal; por indebida aplicación de los artículos 121 y
330 del Código Penal y error en la apreciación de la prueba documental que
consta en autos.
6.- La representación del recurrente Antonio Senés Torres basa su recurso de casación en los siguientes
motivos: Primero. Quebrantamiento de forma del artículo 851.1 por denegación de
prueba documental.- Segundo. Al amparo de los artículos 851.1 y.851.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
por quebrantamiento de forma.- Tercero. Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial por entender vulnerado lo dispuesto en el artículo 24.1 y 24.2
de la
Constitución Española.- Cuarto. Al amparo del artículo 849.2°
de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal por error de hecho en la apreciación de la prueba.-
Quinto. Al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción
del artículo 248 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y el artículo 330 del Código Penal.- Sexto. Al amparo del artículo 849.1 ° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
por infracción del artículo 14 del Código Penal.- Séptimo. Al amparo del
artículo 849.1° de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, por infracción del artículo 556 del Código Penal.
7.-
La representación
del recurrente José María Irurita Fernández basa su recurso
de casación en los siguientes motivos: Primero. Quebrantamiento de forma, al
amparo del artículo 851.1°, inciso primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.- Segundo.
Quebramiento de forma al amparo del artículo 851.1° inciso tercero de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.- Tercero. Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, por vulneración del artículo 24.1° de la Constitución Española.
Cuarto. Al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida
del artículo 330 del Código Penal, en relación con los artículos 9 número 3 y
25 número 1 de la
Constitución Española y artículo 1.1 y 4.1 del Código Penal.-
Segundo. Al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación
indebida del artículo 404 del Código Penal.- Tercero. Al amparo del artículo
849.1° de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de los artículos 109, 110, 115 y 116
del Código Penal.
8.-
Instruidos el
Ministerio fiscal y partes entre sí de los recursos interpuestos; la Sala los admitió, quedando
conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
9.- Hecho el señalamiento del
fallo prevenido, se celebraron deliberación y votación el día 4 de noviembre de 2005.
II FUNDAMENTOS DE DERECHO Recurso de José María Irurita Fernández
Primero. Por el cauce del art. 851,1° Lecrim
se ha denunciado quebrantamiento de forma, debido a que -se dice- en la
sentencia no se expresan clara y terminantemente los hechos que se consideran
probados, ofreciéndose un relato de éstos que resulta a todas luces
insuficiente para prestar base a una condena por los delitos de los arts. 404 Cpenal y 330 Cpenal. Todo debido a la ausencia de elementos normativos esenciales,
que el tribunal habría tratado de completar luego indebidamente en los
fundamentos de derecho.
En apoyo del motivo enunciado se cita una sentencia
de esta sala de 31 de mayo de 2003, que discurre sobre la irregularidad en la
elaboración de las resoluciones consistentes
en incluir en los fundamentos de derecho elementos de carácter fáctico que determinan
la aplicación del derecho que en ellas se hace. Entendiendo que tal modo de
operar, aparte de conllevar un incumplimiento de ciertos preceptos (art. 142 Lecrim y 248,3 LOPJ), en la medida en que es susceptible de
producir imprecisión en la determinación de la conducta punible, puede generar
indefensión.
Pues bien este planteamiento es en principio
inobjetable, pues, en efecto, no existe ninguna razón de peso para que los
tribunales se separen del criterio expresado en los artículos que acaba de
citarse, que son bien claros. Y, de otra parte, es asimismo patente que, como
resultado del modo de proceder que cuestiona el recurrente, pueden generarse situaciones
de inseguridad jurídica, ciertamente inaceptables.
De otro lado, también es verdad que esta sala ha
declarado con reiteración que, aun siendo la aludida una forma de operar
ciertamente cuestionable, en presencia de ciertas condiciones, podría no dar
lugar a quebrantamiento de forma (SSTS 648/2005, 19 de mayo, 1570/2004, 30 de
diciembre y 1369/2003, 22 de octubre entre otras). Así, cuando las deficiencias
apreciadas en los hechos probados no sean esenciales y pueden subsanarse con
datos de ese carácter, suficientemente identificables, que el tribunal hubiera
podido incluir de manera impropia dentro de la fundamentación
jurídica. Supuesto éste que, al no generar indefinición en los presupuestos de
la aplicación del derecho, tampoco causaría la indefensión en el sentido
material a que se refiere bien conocida jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y de esta sala.
Así las cosas -siendo patente cuál es el modelo
legal que debería prevalecer- lo suscitado por deficiencias en el modo de
operar jurisdiccional, como la aquí denunciada, es una cuestión de grado. (De
grado de incumplimiento, sobre esto no cabe duda). Y, de esta manera, unos
hechos probados de los que estuvieran ausentes elementos nucleares de la conducta
de que se trate, plantearían al destinatario de la sentencia una perplejidad
ciertamente insalvable. Mientras que un relato en el que apareciendo bien
individualizados esos datos centrales, tuvieran que complementarse con otros,
asimismo suficientemente identificables, situados en otro
área de la sentencia, a pesar de la irregularidad que ello supone, no
generarían una situación equivalente.
Pues bien, se trata de ver hasta qué punto es o no
cierto que en el caso a examen concurre el defecto alegado.
La sala, incluye entre los hechos de la sentencia
los siguientes, que considera probados:
- Que las acciones a que se refiere tuvieron por
escenario y afectaron al Parque Natural de la Sierra de Baza.
- Que
incidieron en los parajes "Mata del Moral", "Los Frailes",
"Los Moralicos", "Birlaque
Bajo", "El Tesorero" (cuenca del arroyo Ucliás);
y en los de "Arredondo", "La Carrasquilla" y
"Casas Santaolalla" (cuenca del arroyo
Bodurria).
-
Que la actuación
consistió en la corta "a hecho" o "matarrasa"
de las alamedas de plantación allí existentes.
-
Que se cortaron
unos 13.000 árboles, álamos casi en su totalidad, aunque también entre 50 y 100
sauces; y asimismo especies arbustivas de ribera.
-
Que en los
distintos lugares afectados quedaron depositadas ingentes cantidades de los
residuos propios del astillado de la madera de desecho, que por no haber sido
debidamente esparcida, cubrió los cauces de los arroyos citados, atestándolos, favoreciendo el
encharcamiento del agua y la formación de un medio limoso que transformó las
características originarias de dichos arroyos, y favoreció el desarrollo de una
vegetación específica que dio a los cauces el aspecto de una ciénaga.
-
Que los cauces
fueron utilizados para el tránsito de maquinaria pesada, lo que contribuyó al
notable deterioro de su apariencia externa.
-
Que hubo que
retirar de la zona 225 contenedores industriales de residuos.
En la descripción que hace la sala figura
asimismo que todo lo que consta realizado lo fue en el marco de una
autorización del Director-Conservador del Parque para "retirar madera
muerta o deteriorada... previamente señalada", por él mismo o, en su
defecto, por el Encargado de Comarca.
El tribunal, es cierto, integra
esta descripción con otros datos que figuran en los fundamentos de derecho, a los que en éstos, claramente, se
atribuye relevancia típica. Son los siguientes:
- La Sierra de Baza fue incluida en el Inventario Abierto de
Espacios Naturales de Protección Especial del ICONA en atención a su potencial
forestal, recreativo y paisajístico.
- La
Memoria Descriptiva del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Sierra de Baza (Decreto
autonómico 122/1994) subraya la enorme importancia ecológica de la vegetación riparia. - La tala afectó a 42,5 hectáreas y a 7.600 metros de
ribera.
De todo lo relacionado resulta, de un lado que los
hechos probados de la sentencia recogen de manera suficiente las
particularidades constitutivas de las acciones enjuiciadas, de manera que el
eventual lector puede formar una idea ajustada de lo que sucedió y de la
envergadura de la afectación del espacio natural concernido. Además, los datos
complementarios a que acaba de aludirse, extraídos de los fundamentos de
derecho, son asimismo perfectamente identificables en su naturaleza de
elementos de relevancia típica.
Por tanto y como consecuencia, no es cierto
que la sentencia esté aquejada del defecto que se denuncia y el motivo no puede
acogerse.
Segundo. Lo alegado es asimismo quebrantamiento de forma,
del art. 851,1° Lecrim porque, en lo que hace al
delito del art. 330 Cpenal, en los hechos de la
sentencia recurrida se consignan expresiones y conceptos que, entiende el
recurrente, implican predeterminación del fallo. Así, al hablar de
"labores de talado que causaron un gran impacto paisajístico"; o
cuando al tratar de los efectos del paso de la maquinaria pesada por los
arroyos del parque se afirma que esto "contribuyó al notable deterioro de
su apariencia externa".
Como se lee, entre otras, en la sentencia de
esta sala n° 45/2001, 24 de enero, la proscripción
del uso de categorías normativas en la construcción de los hechos probados
responde a una exigencia de método derivada de la naturaleza misma de la
jurisdicción penal. Esta función estatal -según es notorio- consiste en aplicar
el derecho punitivo (únicamente) a comportamientos previstos en la ley como incriminables, en razón de su lesividad
para algunos bienes jurídicos relevantes; pero no a otros. Para que ello
resulte posible con la necesaria seguridad, es preciso que las acciones
perseguibles aparezcan descritas de manera taxativa en el Código Penal; pues
sólo a partir de esta previa intervención del legislador, cabrá identificar con
certeza las conductas merecedoras de esa calificación. Tal es la tarea que los
tribunales deben realizar' en la sentencia, mediante la descripción de los
rasgos constitutivos de la actuación de que se trate, como se entiende
acontecida en la realidad, según lo que resulte de la prueba. Sólo en un
momento ulterior en el orden lógico tendrá que razonarse la pertinencia de la subsunción de aquélla en un supuesto típico de los del
Código Penal. Si esta segunda operación, en lugar de partir del resultado de la
precedente la suplanta en alguna medida, o lo que es lo mismo, si la valoración
jurídica ocupa el lugar de la descripción, el proceso decisional
se haría tautológico o circular, al carecer de un referente objetivo, y por
ello arbitrario. Al fin de evitar que eso suceda responde la pretensión legal
de que los hechos probados accedan a la sentencia a través de enunciados de
carácter descriptivo, que son los idóneos para referirse a datos de los que
podría predicarse verdad o falsedad. Y es por lo que la predeterminación del
fallo, debida a la sustitución de hechos probados por conceptos jurídico,
constituye motivo de casación de la sentencia aquejada de ese vicio (art. 851,1
° in fine, de la Ley de E. Criminal).
Pues bien, las expresiones a que se refiere el
recurrente contienen apreciaciones de síntesis, pero en ambos casos éstas son
de carácter fáctico, puesto que denotan la intensidad con que se produjo la
incidencia de las acciones contempladas sobre dos elementos del entorno natural
que constituyó el escenario de éstas. Por otro lado, es de señalar que la
descripción del tribunal no se agota en esas expresiones, de cuyo contexto
forman parte otras, como la relativa al número de árboles talados y a la
extensión en hectáreas que éstos ocupaban; y la que se refiere a la utilización
de los arroyos como lugar de tránsito de la maquinaria pesada, y al número de
metros afectados.
Por tanto, no se ha dado una indebida suplantación
de datos fácticos por el juicio jurídico, sino que cada uno de ambos planos del
discurso de la sala aparece lo suficientemente diferenciado como para que
resulten perfectamente inteligibles los términos del supuesto de hecho y los de
la subsunción en los preceptos aplicados. Así, el
motivo no es atendible.
Tercero. Al amparo del art. 5,4 LOPJ, se ha alegado vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva con resultado de indefensión, por infracción del
principio acusatorio, en lo relativo a la imputación del delito del art. 330 Cpenal. Esto debido, se dice, a que las acusaciones lo
fueron por delitos de los arts. 325 y 328 Cpenal, sin que se hubiera producido otra calificación
alternativa que hubiese dado cobertura a la decisión de la sala en este punto,
considerada heterogénea, y para la que no se hizo uso de la opción legal del
art. 733 Lecrim.
Pero esta afirmación carece de fundamento en las actuaciones. En
efecto, el Fiscal, en su calificación provisional (folios 3049 y ss.) formuló acusación contra éste y otros implicados, por
el delito del art. 330 Cpenal. Y la acusación popular
hizo lo mismo en sus conclusiones definitivas (folios 655 y ss.
del rollo de sala). De este modo, el motivo ha de rechazarse.
Cuarto. Por el cauce del
art. 849,1° Lecrim, se ha objetado aplicación
indebida del art. 330 Cpenal en relación con los arts. 9,3° y 25,1 ° CE y arts.
1,1° y 4,1° Cpenal, que consagran los principios de
seguridad jurídica y legalidad penal. El argumento es que ni en los hechos
probados ni en los fundamentos de derecho de la sentencia se contienen los
elementos típicos necesarios para la aplicación del art. 330 Cpenal. Pues -es el argumento- siendo éste un precepto
penal en blanco, el tribunal no ha cumplido con las exigencias de "taxatividad y certeza" al "determinar si `los
chopos y su paisaje, especies arbustivas de ribera, sauces y los arroyos'
constituyeron `alguno de los elementos que en su día sirvieron para calificar
el Parque Natural de la Sierra
de Baza como Espacio Natural Protegido'; antes al contrario, la sala de instancia
integra tales elementos del art. 330 del Código Penal de forma hipotética,
dudosa, imprecisa e incierta, acudiendo para ello a `interpretaciones
extensivas y analógicas' contrarias a reo y proscritas en nuestro derecho
penal".
Recuerda el recurrente
conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el sentido de que el
precepto penal ha de contener el núcleo esencial de la prohibición y, además,
un expreso reenvío normativo al de carácter extrapenal,
debiendo resultar del conjunto de ambos la necesaria concreción de la conducta incriminable.
Pues bien, a tenor de lo que consta en los
hechos probados, se pregunta el que recurre si puede decirse acreditado con la
certeza necesaria que "los chopos y su paisaje, especies arbustivas de
ribera, sauces y arroyos" sobre los que tuvo lugar la actuación llevada a
cabo en el Parque Natural de la
Sierra de Baza "constituyeron elementos que en su día
sirvieron para calificarla como espacio natural protegido". Y responde
negativamente al interrogante, puesto que, dice, "en la norma que calificó
a la Sierra de
Baza como Espacio Natural Protegido (Ley autonómica 2/1989, de 18 de julio) no
se hace la más mínima mención especial de aquellos elementos". A lo que ha
de añadirse que tanto el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Parque Natural de la Sierra
de Baza (arts. 177 a 195) como el Plan Rector de uso y Gestión
del Parque Natural de la Sierra
de Baza (arts. 56 a 92) contemplan distintos grados de
protección, por zonas, y ninguno de ellos hace referencia al chopo. Por otra
parte, entiende asimismo el recurrente, la sentencia incurre en una incorrecta
aplicación del precepto en el uso de la categoría "grave daño", que
no resulta acreditado, máxime cuando el arbolado que fue objeto de tala
presentaba signos de abandono y deterioro, en términos porcentuales
significativos. Luego, falta determinación -tanto cualitativa como
cuantitativa- de las especies arbustivas afectadas. Y concreción acerca de los
precisos términos en que se produjo el vertido de residuos del astillado en los
arroyos, pues la sala, en distintos momentos, habla de "muchos" o
"algunos puntos, "determinados tramos", "algunos de sus
tramos".
En el escrito del recurso se argumenta con indudable
habilidad al situar en el centro de este motivo los interrogantes que acaban de
transcribirse. De tal manera que si hubiera que darles respuesta en los
términos en que aparecen planteados, podría tener razón. Pero ocurre que una
correcta aproximación a los hechos, que, además de una consideración
disgregadora de los mismos y de sus consecuencias, lleve a cabo la necesaria
valoración de síntesis que demanda la interacción de todos los factores en
presencia desencadenados por las acciones que se enjuician y que son
coeficientes del resultado global de las mismas, acarrea necesariamente
consecuencias muy distintas.
Es verdad que como denuncia el impugnante, y
consta asimismo en la sentencia, la
Ley autonómica 2/1989 que declaró parque natural a la Sierra de Baza no contiene
mención especial alguna de los elementos biofísicos que la constituyen. Con lo
cual, si la integración del precepto del art. 330 Cpenal
tuviera que hacerse por exclusiva referencia a la misma, el resultado sería la
imposibilidad de persecución penal de cualquier conducta que pudiera afectarla
negativamente, por grave que fuese. Pero ocurre que en el proceso de
elaboración de esa norma se tomó en consideración como "memoria
técnica" el Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección
Especial, elaborado por el ICONA, en 1980, en el que, según se recoge en la
sentencia, se destaca el potencial forestal, recreativo y paisajístico del
espacio contemplado. Y un papel similar jugó el Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos, realizado por la
Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía, en el
que se justifica la protección merecida por la Sierra de Baza en función,
para lo que aquí interesa, de dos factores: el "gran interés
paisajístico" y el "interés ecológico", que se concreta en el
"papel antierosivo" que le confiere su
calidad de "zona subhúmeda en medio árido".
Estos valores tienen un reconocimiento expreso en el entonces vigente
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Sierra de Baza, que
se hace patente en distintos momentos de su articulado. En efecto, el art. 4
fija entre los objetivos del Plan el de "proteger los suelos contra la
erosión" y "establecer limitaciones a las actividades susceptibles de
generar impacto, requiriendo siempre su integración paisajística". El art.
21 vuelve a incidir en ese primer objetivo, al que se añade el de
"conservar y mantener los suelos, en particular los de vocación
forestal". Según el art. 61, "la integridad del vuelo y del suelo, a
efectos de protección y de paisaje, es condición indispensable a la que se
subordinará cualquier actividad de producción y regeneración". El art. 120
insiste de nuevo en la necesidad de "evitar y minimizar los impactos
paisajísticos" y en "preservar la diversidad paisajística". En
otro orden de cosas, el art. 24 prohibe "las
acumulaciones de material en (...) "cauces que supongan un obstáculo al
libre paso de las aguas...".
El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Siena de Baza, a la sazón vigente, en su
introducción se refiere a la erosión como un grave problema de ese entorno. Y
contiene reglas específicas sobre las cortas maderables y de prevención de los
arrastres susceptibles de dañar a los endemismos vegetales (art. 35); y la neta
prohibición de "las cortas a hecho en el territorio del Parque" (art.
42).
Pues bien, a tenor de estos referentes
normativos, no puede caber la menor duda acerca de que el paisaje como factor y
dato estético y la calidad práctica de constituir un freno a la erosión en un
entorno connotado por la aridez y en ocasiones subdesértico
(según consta por información pericia] bien fundada) tienen la consideración
legal de elementos determinantes del tratamiento de "espacio natural
protegido" dado a la
Sierra de Baza; y, por ello, aptitud para integrar el
precepto en blanco del art. 330 Cpenal.
Por otra parte, y para llevar a cabo una adecuada valoración de las
actuaciones enjuiciadas, es preciso tomarlas en sus dimensiones reales. En
efecto, pues no se trata de una afectación cualquiera a un contingente
escasamente significativo de especies arbóreas carentes de especial protección,
como serían, en efecto, los chopos. Pues lo producido fue la eliminación masiva
de arbolado, por el procedimiento más lesivo para el entorno, de todos los de
posible utilización, agravado, además, por el empleo singularmente
irresponsable y destructivo de maquinaria pesada, asimismo contraindicada en
ese marco; a todo lo que, hay que sumar el abandono sobre el terreno de una
ingente cantidad de residuos, realizado, asimismo, contra toda norma.
De este modo, la afectación paisajística es de una obviedad
aplastante; y lo mismo hay que decir de la neutralización de la eficacia antierosiva desempeñada por el arbolado y las especies
arbustivas que se eliminaron, dado, en especial, el modo como esto se hizo; a
lo que debe añadirse el daño representado por la importante degradación de las
riberas, por efecto de la indefendible forma en que fueron utilizadas.
En consecuencia, se impone la doble conclusión de que hubo daño para
elementos determinantes de la calificación de la Sierra de Baza como
"espacio natural protegido", y que ese daño estuvo caracterizado por
una singular gravedad, dada la extensión de la zona afectada y la especial
intensidad de la afectación. Todo lo que hace que el motivo tenga que
rechazarse.
Quinto. Invocando el
art. 849,1 ° Lecrim, se ha aducido infracción de ley
por aplicación indebida del art. 404 Cpenal (delito
de prevaricación administrativa), porque, se dice, ni del contenido de los
hechos probados ni del de los fundamentos de derecho se sigue que el recurrente
hubiera dictado "a sabiendas de su injusticia" una resolución
"arbitraria" en asunto administrativo. Contribuiría a demostrarlo la
circunstancia de que en los hechos probados no existe ninguna referencia al
hecho de que aquel fuera conocedor de su falta de competencia para actuar como
lo hizo, y tampoco del procedimiento a seguir en una actuación como la de que
se tata, que no iba destinada a perjudicar al parque, sino, todo lo contrario,
a reforestar las zonas afectadas, sustituyendo los árboles enfermos por
vegetación autóctona, en la línea de lo perseguido por el Proyecto de
Restauración de Riberas en el Parque Natural de la Sierra de Baza, de 2002. La
conclusión es, pues, que si no concurrió objetivamente el elemento de
ilegalidad reforzada que es a lo que equivale la injusticia a que alude el
precepto citado, tampoco el de carácter subjetivo representado por la
conciencia de ésta.
Conforme resulta de bien conocida jurisprudencia
(por todas SSTS 257/2005, 28 de febrero, 1274/2004, 5 de noviembre, 1720/2003,
23 de diciembre y 1526/1999, de 2 de noviembre) el elemento de
"injusticia" -central en la configuración de la infracción de que se
trata- se cifra en el coeficiente de "arbitrariedad" de la decisión.
Donde obrar de manera arbitraria, en un contexto público de actuación
preceptivamente delimitado, es suplantar la ratio y el fin de la norma
por personales razones y finalidades; convirtiendo la propia voluntad en fuente
de una norma particular. Es, por tanto, en la patente subversión de la ratio
legis donde radica el núcleo de la antijuridicidad de la conducta. "Injusta", pues,
en sentido legal por claramente "arbitraria".
Argumenta el recurrente que la apreciación de
un coeficiente de ilegalidad en la conducta no es asimilable sin más a la
concurrencia de ésta en el grado requerido para que pueda hablarse de delito de
prevaricación. Y, así dicho, tiene razón. Pero para calificar la conducta a
examen es preciso contemplarla en su alcance real. Y, según resulta de los
hechos probados, en la misma son advertibles dos
planos de irregularidad. Uno primero, que se habría concretado ya en el
otorgamiento de la simple autorización "para retirar madera muerta o
deteriorada...", que, conforme se señala en la sentencia, a tenor de lo
que dispone el art. 102,2 del Reglamento Forestal de Andalucía, entraría dentro
de la competencia de la
Consejería de Medio ambiente. Y otro, más intenso,
representado por el pacto subyacente en virtud del cual lo verdaderamente
autorizado era la tala de una enorme extensión de arbolado, por procedimientos
-los de "a hecho" o "matarrasa"-
cuyo empleo estaba rigurosamente prohibido en el Parque Natural. Por tanto, no
se trató de una mera vulneración de reglas de atribución de la competencia en
el curso de una actuación materialmente regular; no fue, pues, de una simple
cuestión de procedimiento. Lo
realmente producido es un acto inequívoco de flagrante ilegalidad, que, además
se quiso encubrir desfigurando sus verdaderos perfiles.
Este
segundo aspecto, que abunda en la objetiva relevancia de la dimensión
antijurídica de la conducta, constituye, a la vez, un dato de inobjetable
eficacia convictiva a la hora de discurrir sobre el
elemento del dolo, cuya concurrencia también se discute. Pues esa patente
voluntad de ocultación de los rasgos más caracterizadores de la acción
emprendida constituye la mejor prueba de que el que recurre, que no podía
ignorar las normas que, precisamente y por profesión, tenía el encargo, de
cumplir y hacer cumplir, actuó a sabiendas de lo que hacía.
Se ha objetado, en fin, que la decisión incriminada no habría sido
arbitraria, como se desprendería del Proyecto de Restauración de Riberas del
Parque Natural de la Sierra
de Baza, del año 2002 y sus previsiones para las especies del género populus, lo que demostraría -se dice- que la
actuación de este acusado habría estado en todo caso ordenada a "favorecer
al Parque Natural". Pero de nuevo aquí se estaría dando una abusiva
mistificación de la actuación incriminada, que consistió, conviene recordarlo,
en arrasar materialmente 42,5
hectáreas de arbolado, e inferir un grave deterioro a 7600 metros de riberas,
al utilizarlas como vías de desplazamiento de maquinaria pesada. Un modo de
actuación que, se lee también en la sentencia, acarreó la consecuencia
-técnicamente previsible y pericialmente acreditada- de deteriorar el terreno
afectado hasta el punto de hacer imposible el arraigo de nuevas plantaciones,
en la zona en que se intentó la restauración.
A tenor de todo lo expuesto, no cabe sino
desestimar asimismo este motivo.
Sexto. Por la vía del
art. 849,1 ° Lecrim, se ha aducido infracción de lo
prevenido en los arts. 109, 110, 115 y 116 Cpenal, en lo relativo a la responsabilidad civil. El
argumento es que el tribunal no establece en los hechos probados ni en los
fundamentos de derecho las bases en que se fundamentan las cuantías por las que
en concepto de reparación ha sido condenado este recurrente.
El fallo de la sentencia impone a los condenados la
obligación de hacer frente, de forma conjunta y solidaria, a la obligación de
abonar el costo de la restauración de las zonas afectadas por su acción
delictiva.
Este pronunciamiento es en sí mismo inobjetable y
difícilmente podría ser otro, a tenor de lo que imponen el art. 109 y
concordantes del C. Penal, y dado que la determinación en términos prácticos
del género de labores a realizar en el plano de la reparación del daño exigen
una mediación técnica con implicaciones cuya concreción ha de deferirse al
momento de la ejecución.
De otra parte, es cierto que, como apunta el
recurrente, en el fundamento decimosexto de la resolución se establece un
límite a los efectos económicos de la condena, pero que viene impuesto por el
principio acusatorio, a tenor de la solicitud del Fiscal.
Ya, en fin, en la propia sentencia se hace ver que,
en cualquier caso, el coste definitivo de la reparación está por determinar,
afirmación que no parece cuestionable.
La impugnación a examen se extiende también al
aspecto relativo al importe de la madera indebidamente retirada del Parque por
el acusado Senés Torres y con un valor (estimado
según los hechos) de 28 millones de pesetas, en una acción punible en la que la
propia sala admite que Irurita Fernández no tuvo nada
que ver.
Pues bien, lo cierto es que la sala no contiene
ningún pronunciamiento sobre este punto en el ámbito de la responsabilidad
civil. Pero lo cierto es que de los hechos probados resulta la realidad
de ese importe y que habría quedado en el ámbito de disponibilidad de Senés Torres, dato éste que deberá tenerse en cuenta en el
desarrollo de la ejecución de sentencia.
Es por lo que, salvo en lo relativo a esta
matización, el motivo no puede acogerse.
Recurso
de Juan Antonio Senés Torres
Primero. Se ha denunciado
quebrantamiento de forma, de los del art. 850,1° Lecrim,
por denegación de prueba documental propuesta en tiempo y forma. Con esto se
hace referencia a la solicitud de aportación de diligencias informativas
abiertas en la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por denuncia de la Asociación Proyecto
Sierra de Baza; y a la ampliación de una información a cargo del jefe del
SEPRONA.
En lo que se refiere a la primera solicitud, hay que decir que tiene
que ver con hechos diferentes de los que son objeto de esta causa y sobre los
que se habría formulado una denuncia cuando apenas faltaban unos meses para el
juicio. En el caso de la segunda, la respuesta, ciertamente lacónica de la
sala, es que ya contaba con el resultado de una inspección ocular.
Pues bien, conforme a un criterio jurisprudencial consolidado (por
todas, STC 211/2000, de 18 de septiembre y STS 1505/1998, 22 de abril de 1999),
la mera denegación de alguna diligencia de prueba, aún cuando fuera pertinente
en abstracto, para que pueda entenderse relevante por la negativa afectación al
derecho a la tutela judicial
efectiva, habrá de llevar acarreado un efecto sobre la estrategia defensiva de
la parte, de tal naturaleza que pudiera decirse, en hipótesis, que la práctica
de la misma habría influido de manera decisiva en el resultado de la causa.
Y lo cierto es que en la argumentación de apoyo al motivo, más allá
del cuestionamiento del modo de operar del tribunal en el tratamiento de las
solicitudes de aquellas diligencias, no figura ningún elemento de juicio que
permita atribuir al eventual resultado de las mismas un efecto del alcance a
que acaba de aludirse. Por tanto, el motivo no puede acgerse.
Segundo. Invocando los arts. 851,1 ° y 3° Lecrim, se ha
denunciado contradicciones en los hechos probados y de éstos con los
fundamentos de derecho; y también que algunas cuestiones sometidas a la
consideración del tribunal no habrían sido resueltas.
En concreto, se advierte contradicción entre el apartado 4 de los
hechos probados y el 5, en lo relativo al estado de los árboles; pues en el
primero se habla de que presentaban signos de abandono y deterioro y luego, sin
embargo, se habla de árboles sanos en un porcentaje importante. Después se hace
referencia a distintos pasajes de los fundamentos de derecho. Y, en fin, se
alude a un defecto de decisión en los hechos probados, que resultaría de lo argumentado
en algún momento de los fundamentos de derecho, a propósito de la calificación
de sana de parte de la madera talada.
Por lo que hace a la primera objeción, la lectura de
los apartados 4 y 5 de los hechos probados no permite advertir ningún
antagonismo en sus proposiciones, pues en uno se dice describe el procedimiento
seguido para la corta, y en el segundo se atribuye a ésta un gran impacto
paisajístico, se dice que fue suspendida, y se informa de la masa forestal
afectada.
La denuncia de supuestas contradicciones entre
afirmaciones entre los hechos declarados probados y los fundamentos de derecho,
de existir, no tendría cabida en los términos del artículo en que se ampara el
motivo.
En fin, en el apartado 7 de los hechos se da por
cierto que el Juzgado de Instrucción ordenó intervenir la madera sana talada, y
ésta es una conclusión de síntesis a la que llega a partir de datos probatorios
que examina en el folio 28 de la sentencia. Aquí, es cierto, se cita un auto de
aquél que alude a la madera para el "caso de haberla", mientras que
en los hechos se parte ya -en virtud de la prueba- del dato de que, en efecto,
la había. Por tanto, nada hay de objetable en este modo de proceder de la sala.
Así, el motivo no puede acogerse.
Tercero. Invocando el art. 5,4 LOPJ, se ha alegado infracción de lo dispuesto
en el art. 24,1 y 2 CE, con vulneración de los derechos a la tutela judicial
efectiva, a un proceso con todas las garantías, a hacer uso de los medios de
prueba pertinentes para la defensa y a la presunción de inocencia.
Concretamente, se señala que la inspección
ocular se llevó a cabo sin presencia de este recurrente, cuando ya tenía la
condición de imputado.
El cuestionamiento del proceder del instructor que el
recurrente funda en los arts. 333 y 118,1° Lecrim no es objetable. Y es que, en efecto, constituido en
la situación de imputado, tenía derecho a saber de la práctica de esa
diligencia de investigación y a participar en ella.
Ahora bien, el tribunal, al discurrir sobre esta cuestión, planteada
ya en el juicio, se pregunta por su posible incidencia material en el derecho
del afectado, que no pudo concretar entonces y que ahora tampoco concreta. Y
señala, asimismo, que el acta de la inspección ocular de que se trata careció
de relevancia para ella en la formación de criterio sobre los hechos de la
causa.
Y, en efecto, así ha sido, porque el conocimiento preciso de las
consecuencias de la actuación de los imputados requería conocimientos técnicos
que hacían ineludible la mediación pericial, eficazmente producida. Y, en
efecto, no consta que aquella inspección haya aportado a la sala nada relevante
y distinto de lo obtenido por esta otra vía y a través de la abundante
documentación gráfica que figura en las actuaciones.
El recurrente dedica unas líneas al final de su exposición del motivo
a la debatida cuestión de la segunda instancia en nuestro vigente orden
procesal. Pero se trata de una simple alusión, no argumentada y, claramente
fuera de contexto, dado el tenor de la impugnación, de ahí que no proceda
entrar en su examen.
Por tanto, el motivo no resulta atendible.
Cuarto. Con amparo en el
art. 849,2° Lecrim, se ha alegado error en la
apreciación de la prueba fundado en documentos. En
apoyo del motivo se hace un sinnúmero de referencias textuales a distintos
momentos de las actuaciones.
Como es bien sabido, pues existe abundante y conocida jurisprudencia
de esta sala, la previsión del art. 849,2° Lecrim
tiene por objeto hacer posible la impugnación de sentencias en las que un
extremo relevante del relato de hechos se halle en manifiesta contradicción con
el contenido informativo de algún documento, que no hubiera sido desmentido por
otro medio probatorio. Así, para que un motivo de esta clase pudiera prosperar
sería necesario acreditar la existencia de una patente contradicción entre unos
y otros enunciados, tan clara, que hiciera evidente la arbitrariedad de la
decisión del tribunal al haberse separado sin fundamento del resultado de la
prueba.
Pues bien, no puede ser más claro que en el
planteamiento del motivo no se dan tales presupuestos.
De otro lado, salvando este patente defecto de
articulación del motivo; tampoco podría prosperar aunque fuera considerado
desde el prisma del derecho a la presunción de inocencia a tenor de lo que
resulta del cuadro probatorio y de la ya examinada valoración del mismo por la
sala.
Quinto. Con invocación
del at. 849,1° Lecrim, se
dice infringidos los arts. 248 LOPJ, 142 Lecrim y 330 Cpenal. Ello por
entender que en la sentencia no se concretan los elementos que han servido de
base para calificar la Sierra
de Baza como espacio natural protegido.
Se trata de una objeción que reproduce esencialmente la ya abordada al
tratar del anterior recurso, de manera que basta con remitirse a lo allí
expuesto.
Sexto. Al amparo del art. 849,1° Lecrim, se
denuncia como infringido el art. 14 Cpenal. En este
caso la impugnación se funda en el aserto de que este recurrente se limitó a
actuar en el ámbito de las indicaciones recibidas del director del Parque, y,
por tanto, fiado en que las conductas realizadas eran ajustadas a derecho.
Esta objeción, que es de infracción de ley, no puede
ser acogida en ningún caso. Primero, porque carecería de apoyo en los hechos
probados, en los que la actuación de este imputado, dado el carácter plenamente
consciente de la ilegitimidad de la intervención que se le atribuye, no puede
ser subsumida en un precepto que contempla supuestos de error, que tienen como
presupuesto la ausencia total o relativa de conocimiento.
Pero es que, además, y como bien aduce la sala, no
se trata simplemente de que el que recurre se hubiera atenido a las
prescripciones del director del Parque, es que actuó en plena connivencia con
éste al actuar de un modo, no sólo ilícito, sino que no se ajustaba en absoluto
a los términos de la autorización utilizada como pantalla, y, por tanto, de
manera ostensiblemente fraudulenta y nada inocente. No otra cosa puede decirse
de la actuación consistente en llevar a cabo una tala masiva de arbolado (13000
unidades) bajo la licencia para "retirar madera muerta o deteriorada
previamente señalada"). Así, el motivo no puede estimarse.
Séptimo. También citando el art. 849,1° Lecrim,
se afirma infringido el art. 556 Cpenal. En apoyo de
este aserto de dice que el mandato del Juzgado fue de intervención de la madera
sana, caso de haberla, que o hubiera sido retirada, y sucede que la retirada de
la misma fue anterior a la notificación de la medida cautelar.
De nuevo, se argumenta de modo que no resulta
compatible con la naturaleza del motivo, al suscitar una cuestión de prueba en
un marco procesal que sólo permite abordar eventuales errores de subsunción. Y ocurre que en los hechos probados consta que
este acusado recibió por conducto de agentes del SEPRONA notificación formal de
la orden de que ya no podía retirar la madera sana de la talada en el Parque,
esto el 23 de abril de 1999. Esta madera fue inventariada el 24 del mes
siguiente, y, aún así, el acusado la vendió el día 24 de junio. La sentencia
recurrida, en el folio 28, hace un pormenorizado recorrido del curso probatorio
de todos estos extremos, precisamente documentados. Por tanto, no sólo es que
el tenor del relato de hechos conduzca necesariamente a la aplicación del art.
556 Cpenal que funda la condena, sino que aquél
cuenta con antecedentes en la causa que acreditan de manera objetable la
certeza de las afirmaciones que contiene al respecto. Por lo demás, el propio
tribunal -tras reconocer, significativamente, la irrelevancia a los efectos de
este tipo penal de la retirada de otra madera producida en fecha anterior a la
orden judicial- analiza con la concreción y el rigor necesario la concurrencia
de todos los elementos de la infracción, tema sobre el que, por ello, no
resulta necesario incidir.
De este modo, este motivo es también inatendible.
Recurso de la Junta de Andalucía
Primero. Por el cauce del art. 849,1° Lecrim, se
denuncia infracción del art. 742 Lecrim en relación
con el art. 218,1 de la Ley
de E. Civil, al haberse producido -se dice- incongruencia en la sentencia en lo
relativo a la declaración de la responsabilidad civil. Ello, al existir un
pronunciamiento que no fue solicitado por las partes que ejercitaron la acción
de ese carácter.
Pero esta pretensión carece de fundamento. Primero
porque, en concreto, la
Asociación Proyecto Sierra de Baza reclama en sus
conclusiones definitivas se imponga a la que ahora recurre, en concepto de
responsable civil subsidiaria, la reparación in natura de los daños causados en el Parque. Y, además,
porque, a pesar de lo que se sugiere en el escrito, en los hechos de la
sentencia consta con la necesaria expresividad el alcance de la afectación de
ese espacio derivada de las acciones incriminadas, sobre el que en la causa
existe documentación gráfica de una plasticidad aplastante. Por tanto, el
motivo no puede acogerse.
Segundo. Por la misma vía del art. 849,1° Lecrim, se
objeta la incorrecta aplicación de los arts. 109,
110,2° y 121, la indebida del art. 339 y la inaplicación de los arts. 112 y 116, todos del Código Penal, así como la
inaplicación del art. 706,2 de la
Ley de E. Civil. El presupuesto de esta afirmación es que se
habría condenado directamente a la Comunidad Autónoma
Andaluza a la reparación total del daño causado sin tener en cuenta que esa
responsabilidad sólo podría ser subsidiaria, en defecto de la capacidad del
condenado Irurita Fernández para asumir la propia y
de la de Muebles Senés Torres, S. A., como
responsable civil subsidiario en relación con el otro condenado.
La sala de
instancia atribuye el deber de reparación a la Junta de Andalucía, con carácter inmediato no
obstante su condición de responsable civil subsidiario, en los términos que
consta, de forma razonada y con buen fundamento, a tenor de la naturaleza de
los hechos y del carácter del bien afectado. Y lo hace con el apoyo que brinda
en la materia el art. 339 Cpenal y dado que, por la
especial calificación del espacio natural de referencia, sólo esa administración
podría asumir la tarea con la eficacia necesaria. En efecto, lo decidido por la Audiencia es una
actuación administrativa de naturaleza cautelar, que guarda plena coherencia
con la valoración del daño y con los efectos que el propio tribunal entiende ya
producidos cuando se hace eco en la resolución de la ineficacia de ciertas
medidas reparadoras adoptadas, que obviamente habrían de incrementarse si las
obras de restauración del medio natural se demorasen en el tiempo.
A tenor de estas consideraciones, es pertinente la
cita de la sentencia de esta sala 1073/2003, de 25 de septiembre así como la
del art. 69,1 de la Ley
8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, que se hace
en el riguroso escrito de oposición a este recurso suscrito por la acción
popular. En efecto, este precepto impone a la Consejería competente
la actuación "subsidiaria", "a costa del obligado", es
decir, hay que entender, incluso en la hipótesis de contase con medios
económicos para hacer frente esa obligación, sin duda por la marcada
especificidad y delicadeza de ésta. Y tal es lo que, como bien ha entendido el
tribunal, con buen fundamento legal, procede en este caso. Así, no hay
infracción de los preceptos que se citan sino una correcta inteligencia
sistemática de los mismos en el contexto de la previsión del art. 339 Cpenal, que tiene, además en este caso, una precisa
especificación en la norma que acaba de citarse. Por tanto, el motivo no es
atendible.
Tercero. Citando el art. 849,1° y 2° Lecrim
se alega indebida aplicación de los arts. 109, 121 y
404 Cpenal, por error en la prueba documental que
consta en la causa y porque no concurrirían los elementos típicos del art. 404 Cpenal.
Es de señalar que la propia recurrente reconoce lo cuestionable de su
propia legitimación para recurrir en los términos de este motivo. Pero es que a
esto se une el radical defecto de planteamiento de la impugnación argumentada
en primer término, la que busca apoyo en el art. 849,2° Lecrim,
que, conforme resulta de la jurisprudencia de esta sala ya citada, para que
pudiera prosperar requeriría la acreditación del antagonismo frontal entre una
concreta afirmación de hecho inobjetable en el plano probatorio y otra de los
hechos, que se le opusiera. Y esto es algo que no se desprende en absoluto de
la genérica referencia a ciertos textos que se hace en el recurso, por todo
argumento.
En otro orden de cosas, y por lo que hace a la
supuesta infracción del art. 404 Cpenal, basta
remitirse a lo ya expuesto al tratar del recurso del propio condenado. Además,
es de señalar la manifiesta ajenidad al contexto de
los hechos de algunas consideraciones que se hacen en el escrito, en las que se
opera con el presupuesto, inexistente, de que lo realizado por el acusado Irurita Fernández hubiera sido una actuación transparente
en su planteamiento
contractual, y sólo pudiera objetarse cierta irregularidad formal del mismo.
Cuando, como se ha dicho ya en más ocasiones, lo que hubo fue el claro
propósito de encubrir una actuación masivamente ilegal bajo la apariencia de
otra, desde luego antijurídica, aunque en sensible menor grado.
En definitiva, es claro que el motivo debe
rechazarse.
Cuarto. Por idéntico cauce procesal que en el caso
anterior, se ha aducido indebida aplicación de los arts.
121 y 330 Cpenal y error en la apreciación de la
prueba.
Por lo que hace a este segundo aspecto del
motivo, basta referirse a lo ya resuelto al respecto al tratar del recurso de Senés Torres.
A propósito de la aludida infracción del art.
121 Cpenal, nada se argumenta, y, así, nada cabe
responder.
En fin, la objeción relativa al art. 330 Cpenal ya ha sido respondida al abordar el primero de los
recursos examinados.
Por todo, el motivo debe desestimarse.
Recurso de Asociación
Proyecto Sierra de Baza
a) Motivos que afectan al imputado Irurita Fernández
Primero. Al amparo del art. 849,1° Lecrim, se
denuncia la infracción del art. 325 Cpenal en el tipo
agravado del art. 338 del mismo texto; y, alternativamente falta de aplicación
del art. 331 Cpenal en el mismo tipo agravado que
acaba de citarse.
El argumento que la sala, a pesar de dar por cierto que se habría
producido un vertido prohibido, con daños a los arroyos que pueden alterar el
equilibrio del sistema natural, no condena porque entiende que ha habido falta
de afectación grave al equilibrio de los sistemas naturales.
El motivo es de infracción de ley y, no obstante, la denuncia que le
da contenido no alude a un posible defecto de subsunción,
sino que expresa la discrepancia de una conclusión del tribunal en materia de
prueba.
Por tanto, a falta de presupuestos fácticos para la condena por los
delitos señalados, ésta nunca podría haberse producido. Y, en consecuencia, no
cabe hablar de infracción de ley y el motivo es inatendible.
Segundo. Por idéntica vía
procesal, se ha alegado indebida falta de aplicación de la agravante 7° del
art. 22 Cpenal, a pesar, se dice, de estar reconocido
que Irurita Fernández actuó en su calidad de director
del Parque.
Pero ocurre que en los hechos probados de la sentencia, si queda claro
que este acusado tenía tal cualificación, no concurre
dato alguno que vaya más allá de esa simple constancia. Y es obvio que el sólo
hecho de actuar en el ejercicio de un cargo no equivale necesariamente a un aprovechamiento del
mismo que implique un uso agravado de éste.
Ya este solo dato sería bastante para rechazar el motivo, pero sucede,
además, que en supuestos como el contemplado hay una patente inherencia de la
condición funcionarial a la clase de actuación, de la que aquélla constituye
una verdadera condición de posibilidad. Tanto que en casos como el presente, de
no ser por eso, la misma no habría podido tener lugar en los términos de los
hechos. Es por lo que resulta aplicable la previsión del art. 67 Cpenal, y el motivo carece de fundamento.
b)
Motivo que afecta
al imputado Senés Torres
La denuncia de infracción de ley, de las del art.
849,1° Lecrim, por infracción de los arts. 325 y 338 Cpenal.
El motivo reproduce, si bien con relación a este
acusado, el planteamiento desarrollado en el caso de Irurita
Fernández, es por lo que debe decidirse en el mismo sentido de lo ya resuelto
para éste.
c)
Motivo que afecta
al imputado Senés Pérez
La objeción es también de infracción de ley, al
entender que se ha aplicado indebidamente a este acusado la jurisprudencia en
materia de tutela judicial efectiva, de la que se hace uso en el octavo de los
fundamentos de derecho.
Al entender de la recurrente, el hecho de que Senés
Torres sólo hubiera sido oído en la instrucción sobre el destino de la madera
intervenida por el juzgado, pero no acerca del resto de los hechos incriminables, no puede ser obstáculo para la condena
solicitada para él, cuando en la misma sentencia se admite que la actuación
empresarial se produjo a través de las dos cabezas visibles de las que, según
la sala, puede decirse tuvieron el dominio funcional del hecho.
En contra de lo argumentado por la sala, la
recurrente considera, invocando también jurisprudencia constitucional, que el
retraso en la comunicación de la imputación, si bien puede disminuir las
posibilidades de contradecir durante la instrucción, no excluye que aquélla
pueda sostenerse en el juicio cuando el interesado tuvo conocimiento de la
misma con tiempo suficiente para articular su defensa. Y lo cierto es que Senés Pérez se personó ya en la instrucción, su defensa
pudo contestar los hechos de la acusación y en el juicio se practicó prueba a
su instancia.
Ahora bien, el examen de la causa pone de relieve que Senés Pérez sólo resultó imputado por el hecho consistente
en la retirada de la madera cuando ya la instrucción de la causa estaba muy
avanzada (folio 1363). Así resulta que en el momento de dirigirse la acusación
contra él, únicamente había sido oído por el
instructor como eventual responsable de tal acción. Lo que supone que fue procesalmente ajeno a la investigación por el resto de las
de la causa.
Sostiene la parte que recurre que esto resultaría indiferente, una vez
que aquél tuvo la oportunidad de intervenir en las sucesivas diligencias. Pero
la universalización de este planteamiento llevaría como consecuencia una banalización de la exigencia de principio de que el
imputado intervenga en todas las actuaciones procesales de las que puedan
derivarse consecuencias para él, que es lo que reclama la actual disciplina
constitucional del proceso. Algo se hace patente en preceptos de la Ley de E. Criminal tan
expresivos como los del art. 118, 302 y otros.
Por eso, tiene razón la sala cuando entiende que esa tardía imputación
retroactuaría sobre la dilatada fase del
procedimiento, ya transcurrida sin que Senés Pérez
hubiera sido imputado más que por lo que se ha dicho, deparándole una situación
de indefensión. Es por lo que, en lo que a él se refiere, debe mantenerse la
resolución de instancia en sus mismos términos.
d) Motivo del recurso que afecta al imputado Salcedo
Balbuena
En este caso se ha aducido infracción de ley, de las
del art. 849,1 ° Lecrim, por la inaplicación de los arts. 325, 331 y 338 en relación con el art. 11, todos del
Código Penal.
De nuevo se está ante una pretensión de que se
apliquen determinados preceptos a pesar de que en lo hechos declarados probados
no existe ningún referente que lo haga posible. Además, el tribunal explica
(folios 30 y 31 de la sentencia) el porqué de haber llegado a esta conclusión.
Así, lo cierto es que a tenor de lo que la sala entiende sucedido, y con los
datos fácticos que figuran en su relato no es posible dar soporte a la
hipótesis acusatoria que mantiene la recurrente, según la cual Salcedo Balbuena
habría provocado o realizado directamente determinados vertidos. Algo
insostenible, vistos los términos de ese relato, en el que lo único que consta
es que tuvo conocimiento de las talas, después de producidas y dispuso la
suspensión de las mismas.
e) Motivo que afecta al imputado González Monclús
Lo alegado es infracción de ley, de las del art. 849,1 ° Lecrim, por falta de aplicación del art. 325 en relación
con el art. 331 y 338, todos del Código Penal; y subsidiariamente inaplicación
del art. 329 del mismo texto legal.
Pero hay que decir que de nuevo estamos ante una clara insuficiencia
de elementos fácticos aptos para servir de base a una imputación como la
pretendida en primer término. Situación que la sala de instancia apoya con
rigor argumental en el noveno de los fundamentos de derecho, a partir, además,
de una afirmación que no deja el menor espacio a disquisiciones. A saber, que
en la causa no se hizo prueba acerca de la hipótesis de que el abandono de
restos del astillado de madera en los cauces hubiera perjudicado gravemente el
equilibrio de los sistemas naturales. Y ambas circunstancias excluyen asimismo
cualquier posibilidad de aplicación del último precepto citado. Por lo que, en
definitiva, tampoco este motivo es atendible.
e) Motivos que afectan a todos los imputados
Primero. Al amparo del
art. 849,1° Lecrim, se denuncia infracción del art.
110 Cpenal y 45,3 CE, por haber limitado la sala el
montante de la restauración económica de los lugares afectados por la actuación
delictiva al total de lo solicitado por el Fiscal, sin atender la petición al
respecto de la que recurre.
